El Supremo abre la vía a compensaciones millonarias para interinos abusados
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que podría beneficiar a miles de empleados públicos temporales. Se elimina la figura del indefinido no fijo y se abren nuevas vías de compensación por el abuso de la temporalidad.
Una importante resolución del Tribunal Supremo, con fecha del pasado 30 de junio, marca un antes y un después para el empleo público en España. El Alto Tribunal ha decidido erradicar de forma definitiva la figura del "indefinido no fijo", argumentando que ya no es una solución adecuada para sancionar la contratación temporal abusiva en las administraciones. Esta decisión se deriva de la doctrina establecida por el propio Supremo tras una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Aunque se reitera que el abuso en la temporalidad no otorga automáticamente la fijeza en el puesto, la sentencia introduce medidas novedosas para resarcir a los trabajadores por los perjuicios sufridos. Hasta ahora, cuando se detectaba un uso abusivo de contratos temporales, lo habitual era reconocer al empleado la condición de indefinido no fijo. Sin embargo, el Supremo considera que esta figura seguía manteniendo un vínculo de carácter temporal y no cumplía con el efecto disuasorio exigido por el derecho europeo, por lo que los jueces deberán ahora declarar el abuso y conceder una indemnización específica por los daños causados.
Esta compensación será independiente de cualquier otra que pudiera corresponder si el contrato se extingue posteriormente. Esto significa que un empleado público que pierda su plaza tras un proceso selectivo podría recibir, por un lado, la indemnización por cese y, además, otra destinada a reparar los años de precariedad. Lo más relevante es que esta nueva indemnización podría reclamarse incluso si el trabajador consigue finalmente una plaza fija, ya que el daño por la incertidumbre laboral ya se ha producido y debe ser compensado, al margen del desenlace final de la relación laboral.
La sentencia profundiza en la naturaleza del daño, distinguiendo entre perjuicios materiales y morales. Los primeros requerirán acreditación documental, como demostrar una diferencia salarial respecto a un fijo. En cuanto a los daños morales, conscientes de la dificultad para cuantificar el impacto psicológico o profesional de años de inestabilidad, el Supremo establece una indemnización mínima orientativa.
El Tribunal Supremo ha lanzado una advertencia contundente a las administraciones públicas: el abuso de la temporalidad tiene un precio y ahora ese precio se pagará con indemnizaciones reales. Un golpe de timón necesario para la justicia laboral en el sector público.
