Tribunales ratifican: el casero debe avisar antes de subir el alquiler

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid aclara que las actualizaciones de renta, incluso por IPC, deben ser comunicadas previamente al inquilino. El nuevo importe solo se aplicará a partir del mes siguiente al aviso, sin efecto retroactivo.
La justicia ha puesto un freno a las subidas de alquileres retroactivas o sorpresivas. Una reciente resolución de la Audiencia Provincial de Madrid ha determinado que, si bien los contratos pueden contemplar actualizaciones de renta ligadas al IPC, el propietario está obligado a notificar estos incrementos al inquilino con antelación. Esto significa que el inquilino no podrá ser requerido a pagar sumas adicionales correspondientes a meses anteriores a la notificación o al mismo mes en que se comunica el cambio.
El caso que ha servido de base para esta sentencia involucra a una inquilina que, tras un cambio de propiedad, se vio reclamada por una deuda acumulada de supuestas actualizaciones del IPC de años anteriores, llegando incluso a enfrentarse a un proceso de desahucio. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó la decisión judicial inicial, declarando nulo el desahucio al no poder la nueva propietaria acreditar que las subidas de renta fueran debidamente comunicadas en su momento. La única notificación existente databa de marzo de 2024, indicando una futura actualización en marzo de 2027, sin que se produjeran avisos posteriores.
Esta resolución subraya la importancia de la comunicación formal en las relaciones de arrendamiento. Si bien un contrato de alquiler vincula a ambas partes y permite las actualizaciones estipuladas, no autoriza al casero a realizar exigencias de pago sin seguir los cauces establecidos. La sentencia deja claro que, aunque las deudas anteriores a la subrogación de un nuevo propietario puedan ser reclamadas, las actualizaciones de renta que no hayan sido notificadas debidamente no son exigibles. El inquilino solo estará obligado a abonar la nueva renta a partir del mes posterior a recibir el aviso.
La justicia protege al inquilino ante prácticas de algunos propietarios que buscan aprovecharse de la letra pequeña del contrato.



